Carné de discapacidad: la verdadera barrera a eliminar

Recibí el Proyecto de Ley 5277-2020 presentado por el congresista Alberto de Belaúnde que busca modificar dos artículos de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

La inciativa, dice el Proyecto de Ley, “busca garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los derechos y/ beneficios que les consagra la ley (29973), trasladando al Estado la carga administrativa de la emisión de los certificados que les permite acreditar su condición de persona con discapacidad: el Certificado de Discapacidad y el Carnet de Discapacidad“.

Vale decir, el proyecto pretende que sea la entidad certificadora (hospitales y centros autorizados por el Ministerio de Salud) la que realice el trámite de obtención del carné ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad- Conadis y no la persona con discapacidad o su representante, que es como funciona ahora.

En el desarrollo del Proyecto de Ley se incluyen una serie de motivos por los cuales este trámite se constituiría como una barrera para que las personas con discapacidad accedan a los “derechos y/o beneficios” que les otorga la Ley 29973.

–SOLO UNA BARRERA BUROCRÁTICA–

Hay que distinguir entre los dos trámites a los que se refiere este Proyecto de Ley: el Certificado de discapacidad y el Carnet de discapacidad.

En el primer caso se trata de un documento que acredita la condición de discapacidad. Para ello es necesario ser evaluado y calificado por médicos especialistas, es decir se trata de una certificación médica cuyo proceso incluye valoraciones anatómicas y exámenes complementarios, siempre y cuando la discapacidad no sea evidente, se trate de casos congénitos o sea una de las 19 enfermedades incluidas en el anexo 1 de la Norma Técnica para la Evaluación, Calificación y Certificación de la persona con discapacidad. Sobre este tema y su burocracia, hablaremos en otro momento.


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El segundo caso se trata de un documento que resulta de la inscripción del Certificado de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud ante el Conadis. Es decir, se trata de un trámite administrativo. Según este PL, eso resultaría en una “barrera” para las personas con discapacidad, pero no es así. Barreras para las personas con discapacidad son aquellas de actitud, comunicación, físicas, políticas, programáticas, sociales o de transporte. En esos casos, sí es necesario legislar de manera específica. Esta, en cambio, es solo una barrera burocrática, que puede solucionarse con que solo las instituciones reguladoras en esta materia intervengan con los mecanismos que ya tienen disponibles.

¿Solo una barrera burocrática? Sí: porque ya existe un sistema que permite registrar en línea los certificados de discapacidad. Se trata del aplicativo de uso del Ministerio de Salud HIS DISCAP WEB.

Imagen: Web Instituto Nacional de Rehabilitación

Con este aplicativo, que además es de uso obligatorio, las entidades certificadoras generan en línea los certificados de discapacidad, que incluyen los datos de identificación del ciudadano (nombres, DNI, dirección, etcétera), del establecimiento, las valoraciones y los diagnósticos médicos. Pero además, también permite compartir esta información con otros sectores, como el Conadis, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo, entre otros.

El aplicativo HIS DISCAP WEB. permite compartir el certificado de discapacidad con CONADIS y otras instituciones del Estado.

Es decir, con tan solo compartir la información de este certificado mediante el aplicativo, el Conadis podría emitir de motu proprio la resolución y carné de discapacidad correspondiente, utilizando para ello, también la firma digital –cuyo trámite se realiza ante RENIEC – agilizando y modernizando la gestión. En ese sentido, más que un Proyecto de Ley que legisle lo que ya está normado (doble legislación), se necesita la intervención de un organismo técnico, como el mismo Conadis -haciendo uso de sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras (artículo 80 de la Ley 29973)- o el Indecopi para realizar una regulación y supervisión efectivas, para que la norma se cumpla, evitando barreras burocráticas.

–LA PUNTA DEL ICEBERG–

Lo importante, en este caso, es considerar que si nos concentramos tan solo la obtención del carné del Conadis, no estaremos viendo la complejidad del problema que padecemos las personas con discapacidad, como se menciona en la exposición de motivos de este Proyecto de Ley.

Por ejemplo, en el análisis de costo-beneficio, el proyecto señala que existiría un subregistro de entre 83 y 91 por ciento, si se toma en cuenta las cifras del ENEDIS 2012 y del Censo Nacional 2017 y se contrasta con el padrón del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad-RNP, lo cual es cierto. Sin embargo, agrega, que si estas personas (que no están inscritas en el RNP) no reciben atención especializada en salud o acceso a educación (lo cual es cierto) es por la falta del carné de discapacidad. Este último punto no es exacto ni se ajusta a la realidad. La falta de acceso a salud, educación y otros se debe a deficiencias estructurales y/o brechas como la falta de infraestructura, médicos e instituciones de salud especializados, colegios, profesores, ajustes razonables, etcétera.

Solo para mencionar un ejemplo, me referiré a las personas con discapacidad auditiva en materia de educación, lo que he llamado “el privilegio de estudiar”.

En el Perú, muy pocas, poquísimas personas con discapacidad auditiva pueden acceder a la educación superior. Es más, tienen suerte si pueden culminar la secundaria.

¿Suena exagerado o alarmista? La realidad, la cruda realidad, es aún peor.

Según un informe presentado en septiembre de 2016 por el propio Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –Conadis-, quien cita a su vez al INEI, para el año 2015, de 1,6 millones de personas con discapacidad en el Perú, 560 730 vivíamos con limitaciones de audición. Más de medio millón. Es decir 34,6 por ciento de la población total de personas con discapacidad somos personas sordas.

Aunque no dice cuántas de ese más de medio millón de personas con sordera en distintos niveles de severidad están inscritas en Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, sí señala que el 14,4 del total de personas con alguna discapacidad está inscrito, y de los inscritos, más del 40 por ciento se encuentra en edad de estudiar: 21,7 por ciento son niños y adolescentes; y 22,3 por ciento, jóvenes entre 18 y 29 años. Hablamos de 246 mil 721 personas.

Hay que tener esta última cifra en mente para lo que sigue.

En la sección “Características educativas de las personas con discapacidad auditiva”*, Conadis señala que 6534 niños con sordera formaban parte del sistema educativo escolar en el año 2016. De estos, 2203 estaban matriculados en nivel primaria en escuelas inclusivas (estudiando junto con niños normoyentes).

¡Solo seis mil de poco más de 125 000 niños sordos!, según las cifras del censo mencionado líneas arriba.

Además, según información del Ministerio de Educación, solo se reservan 2 cupos por aula para estudiantes con NEE leve a moderada y enfatiza que la falta de certificado de discapacidad no impide en modo alguno la matrícula.

No indica Conadis cuántos de esos seis mil logran terminar el nivel básico educativo (primaria y secundaria) en alguno de los dos colegios especiales que existen en el Perú, y que además se ubican en Lima.

Más adelante, Conadis hace referencia al II Censo Nacional Universitario del año 2010. Tan solo 1218 personas sordas estaban en pregrado. Tampoco menciona si culminaron o no la universidad.

Se leyó bien: solo 1218 jóvenes sordos de poco más de 6000 ¿En qué nivel se quedaron los restantes 5316? ¿A qué se dedican? ¿Cómo viven? Condenados de seguro a vivir de los programas sociales a los que pueden o no acceder (aunque estén inscritos en CONADIS o sean dependientes, como ha demostrado la pandemia de COVID-19) pues éstos están bajo la autoridad, voluntad y discreción de cada municipalidad.

En cuanto a la afirmación de que las personas con discapacidad no acceden a servicios de salud especializada, como rehabilitación o readaptación, esto se debe más que nada a la falta de infraestructura y personal médico especializado, sobre todo en lo que a discapacidades sensoriales se refiere. Para prueba es que, por ejemplo, cuando quise acceder a alguna terapia para readaptación y/o rehabilitación en el centro certificador especializado INR, me indicaron que no había ninguna.

–EL VERDADERO PROBLEMA: LA BUROCRACIA–

Por lo expuesto, el verdadero problema del subregistro no es la falta del carné sino todo lo contrario: el hecho de que se necesite un carné, que se tenga que emitir un carné y se destinen recursos y tiempo en elaborar un proyecto legislativo basado exclusivamente en la supuesta necesidad de obtener ese documento adicional a uno que ya existe y que debería ser el que incluya la información completa sobre el ciudadano con discapacidad: el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Así como las municipalidades informan o registran los estados civiles y sus cambios, de igual manera, Conadis, a través del sistema HIS DISCAP WEB, podría informar directamente a Reniec sobre la condición de discapacidad de un ciudadano, lo cual eliminaría definitivamente la barrera burocrática a la que hace mención este PL. Tan simple como eso.

Carné oficial de CONADIS para personas con discapacidad severa.

Otro ejemplo: cuando un niño con discapacidad nace vivo, los hospitales y clínicas están obligados a registrar las discapacidades evidentes y enviarlos a un establecimiento certificador, con lo que al momento de realizar la inscripción del nacimiento ante el Reniec, ya podría incluir la referida condición en el DNI, evitando en gran medida el subregistro de niños con discapacidad.

En el caso de las discapacidades sobrevinientes, degenerativas, progresivas y similares, el Conadis pondría a disposición del Reniec el padrón de resoluciones con base en los certificados emitidos por el HIS DISCAP WEB, con lo que dicha información debería ser incluida en el DNI, tal como se hace con los estados civiles o la expresión del deseo de donar órganos tomando en cuenta que actualmente el carné de la persona con discapacidad solo incluye, además de los datos personales (que también se consignan en el DNI), el DIDDM-OMS, el diagnóstico (CIE) y el número de resolución (ver imagen arriba).

Asimismo, se podría eliminar lo que las personas con discapacidad consideramos un acto de discriminación directa: el color del carné, de modo que se unifique y sincere el concepto y condición de persona con discapacidad, haciendo de los derechos o beneficio que menciona tanto la Ley 29973 y este PL un acto unificador, universal y verdaderamente inclusivo.

Si vamos a legislar sobre las barreras que atravesamos las personas con discapacidad, hay que hacerlo bien, informados, empapados de una realidad. Porque esta clase de proyectos y leyes, con toda la buena intención que puedan tener, lo que harán es sumar más barreras burocráticas, en lugar de desaparecerlas.

*Informe temático N°5 “Situación de las Personas con Discapacidad Auditiva en el Perú”, Observatorio Nacional de la Discapacidad, septiembre 2016.

Un comentario Agrega el tuyo

  1. Mary Sáenz dice:

    Reblogueó esto en Mala Letray comentado:

    ¿Existe un subregistro de personas con discapacidad en el Perú? ¿La falta de carné de Conadis es verdaderamente una barrera que impide a las personas con discapacidad acceder a salud o educación?
    #ColumnaVertebral

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